Actualidad jurídica


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El presidente de la CNC defiende en el ICAV la 'supresión de privilegios' de algunos colectivos profesionales
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Francisco Real, ha inaugurado junto al presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, las III Jornadas de la Competencia, dedicadas al análisis de la reforma de la Ley de la Competencia Desleal y la Publicidad y la Ley Ómnibus, ambas resultado de la adaptación en España de la normativa europea sobre competencia y servicios.

Francisco Real ha manifestado que la transposición de las directivas europeas en el ordenamiento jurídico español "no ha aportado nada nuevo que los colegios profesionales, como prestadores de servicios y garantes de derechos para la protección del consumidor, no cumpliéramos ya". El decano de los abogados valencianos afirma que el legislador ha aprovechado la Ley Ómnibus como "la oportunidad perfecta para acometer reformas no exigidas por Europa en un amplio conjunto de leyes, entre ellas la de los colegios profesionales", pero que la reforma consolida y ratifica a los colegios como "instituciones necesarias para garantizar la calidad de los servicios profesionales, tal como reconoce la Constitución en su artículo 36". "Algunas de las exigencias de la nueva normativa, como la protección de los derechos del consumidor y el usuario así como la necesidad de establecer unos códigos de conducta, ya las cumplimos los colegios de abogados a través del control deontológico de la profesión", explica Francisco Real.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Competencia, un organismo crítico en muchos aspectos con el papel de los colegios profesionales, ha censurado las reticencias de algunos sectores profesionales hacia la Ley Ómnibus. "Cualquier legislación liberalizadora encuentra escollos en quienes defienden sectores determinados que creen verse amenazados por ella. En nuestro país existe un fuerte rechazo por parte de algunos colectivos a que se eliminen sus privilegios", manifiesta Luis Berenguer. Refiriéndose concretamente al informe que elaboró la Comisión Nacional de Competencia sobre la profesión de procurador, en el cual esta institución proponía eliminar la incompatibilidad entre ambas profesiones, Luis Berenguer ha subrayado que "a pesar de que los procuradores consiguieron que el Parlamento español escuchara sus reivindicaciones, los poderes públicos no pueden gobernar sólo para 4.700 profesionales, sino que deben hacerlo para los 47 millones de personas en España demandantes del servicio de justicia. Consideramos que, al final, los intereses de todos los ciudadanos acabarán prevaleciendo sobre los de unos pocos colectivos que quieren mantener sus privilegios".

‘Agujeros' en la Ley Ómnibus

Catedráticos de Derecho de diversas universidades valencianas han analizado en una mesa redonda los aspectos negativos que ha introducido la Ley Ómnibus en su modificación de un total de 47 leyes del ordenamiento jurídico español.

Así, para el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia José Mª Baño, la liberalización que impone la Ley Ómnibus va a suponer, con la eliminación de la autorización previa para el establecimiento de actividades empresariales, un "auténtico caos normativo e inseguridad jurídica", ya que serán las comunidades autónomas las que regularán cómo establecer un control preventivo en la prestación de servicios. Otro problema de la ley para este catedrático es que la Administración española no está preparada para la Directiva Europea de Servicios, ya que haría falta un cambio de mentalidad en las administraciones públicas para actuar conforme expone la ley, y considera que a la larga estas deficiencias en la adaptación burocrática derivarán en una "privatización de las funciones públicas".

Por su parte, la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón Mª Victoria Petit ha criticado duramente las modificaciones que introduce la Ley Ómnibus en el sector del transporte. En opinión de esta experta, el legislador no tenía por qué modificar las actuales leyes del transporte, puesto que este sector está liberalizado ya en su mayoría por diversas leyes españolas previas. En referencia a la polémica del transporte en taxi, Mª Victoria Petit considera que la única amenaza para el sector será un aumento de la competencia con las flotas de vehículos de alquiler (con y sin conductor), ya que la nueva ley suprime las trabas para el establecimiento de estas empresas, con una consiguiente reducción de costes y, con ello, de precios. "El sector del taxi no está liberalizado, ni en precios ni en libertad de concesiones", explica esta experta.

Finalmente, el profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia Jesús Olavarría ha analizado la reforma de los colegios profesionales en la Ley Ómnibus y ha manifestado que la abogacía es una de las profesiones "al margen" de esta norma, puesto que posee una regulación específica que prevalece. El profesor ha coincidido con la mayoría de expertos en que no todas las modificaciones en este ámbito eran necesarias, y que el leiv motiv del legislador ha sido más bien aprovechar para abordar una liberalización más profunda de las profesiones reguladas, aunque en su opinión "no tan ambiciosa como anunció inicialmente".